⚠️ Un pacto siniestro entre el gobierno, un sindicato nacional y la derecha libertaria pone en jaque a Vialidad Nacional ⚠️
Lo que parecía una simple transición de autoridades se ha revelado como una jugada macabra que amenaza con dinamitar el corazón mismo del Estado. Un pacto oculto, con tintes cuasi masónicos, entre el gobierno nacional, el provincial y un sindicato nacional altamente cuestionado, ha comenzado a desplegarse con fuerza en la provincia de Santa Cruz.
Fuentes internas revelan que el macabro plan del gobierno ya se encuentra en marcha, impulsado por el operador político Jairo Guzmán, un nombre que resuena con fuerza entre los pasillos del poder como el emisario del desguace institucional. A su lado, un séquito fundamentalista de la derecha libertaria busca aniquilar lo poco que queda del Estado de Bienestar.
El blanco actual: Vialidad Nacional.
Tras la escandalosa salida de Croppi y Borquez, dos exfuncionarios vinculados a graves hechos de corrupción, se ha confirmado la llegada de dos representantes de La Libertad Avanza (LLA) con una misión letal: ejecutar un feroz recorte que dejaría en la calle a un centenar de trabajadores y desmantelar el organismo para preparar el terreno para una privatización encubierta.
¿El objetivo real? Hacer caja.
El verdadero fin de esta maniobra sería recaudar fondos para campañas políticas y una crucial elección interna de una central gremial que opera en Santa Cruz como una verdadera máquina de poder y negocios.
Todo esto bajo el disfraz de “reestructuración”, mientras las rutas se deterioran y se multiplican las contrataciones sospechosas por mantenimiento, dinero que termina en bolsillos privados.
Este modus operandi no es nuevo: desfinanciar, quebrar y luego vender al mejor postor. Un plan perverso que se repite, ahora con nombres nuevos pero con las mismas prácticas de siempre. Empresas fantasmas, licitaciones direccionadas y trabajadores desechados como números en una planilla de Excel.
Durante su paso por Vialidad Nacional, Croppi y Borquez actuaron como verdaderos saboteadores internos, dedicándose a dilatar, entorpecer y desmantelar los mecanismos esenciales para ejecutar el Plan Invernal en Santa Cruz. Fueron los topos perfectos para iniciar la demolición del Distrito 23 desde adentro. Ahora, la llegada de dos nuevos operadores libertarios no solo continúa con esa línea destructiva, sino que tiene una segunda misión: encubrir las irregularidades y la posible malversación de fondos cometidas por la jefatura anterior (LLA). Pero hay más: estos flamantes funcionarios no vienen solos. Aterrizan apadrinados por un sector del peronismo sindical más rancio y recalcitrante, con la clara intención de correr de escena, aunque sea solapadamente, al polémico Jairo Guzmán, un personaje ampliamente resistido por la sociedad santacruceña por su actitud misógina, su extremismo ideológico y su visceral odio a la clase trabajadora. La interna es feroz, y el olor a traición es cada vez más insoportable.
El drama no termina allí:
Un sindicato nacional, sin raíces en Santa Cruz y manchado por múltiples denuncias, aparece como el engranaje clave de esta traición, haciendo de intermediario entre las autoridades y el poder económico que se frota las manos ante la posibilidad de concesionar rutas nacionales a empresas creadas exclusivamente para saquear.
La situación es grave.
La provincia está siendo entregada en bandeja de plata a un entramado de corrupción, negocios turbios y ambición desmedida. Y en el medio, como siempre, los trabajadores y el pueblo, que pagan con sus empleos, sus caminos y su dignidad el precio de un pacto oscuro que nadie se anima a denunciar.
